La tensión en Buenaventura se dispara mientras las calles del principal puerto del Pacífico colombiano se tiñen nuevamente de violencia. La tregua entre Shottas, Espartanos y Chiquillos ha estallado, y con ella, el caos ha vuelto a apoderarse de la ciudad. En medio del conflicto, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, lanzó una alarmante acusación: el ELN y cárteles del narcotráfico están financiando directamente a estas bandas criminales, avivando la guerra por el control territorial.
Financiación narco-guerrillera: una alianza mortal
Según el alto funcionario, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones como el Clan del Golfo están detrás del fortalecimiento económico de estas pandillas. Su interés común: dominar Buenaventura y las rentas ilegales que se generan en esta estratégica zona costera. “Aquí no hay ideología, solo dinero”, sentenció Sánchez, dejando claro que los intereses criminales están alineados en una misma lógica delictiva.
Recientemente, las autoridades neutralizaron a un integrante del Clan del Golfo que se desplazaba desde Chocó al Valle del Cauca, evidenciando los movimientos de expansión y cooperación entre estos grupos. La amenaza ya no distingue fronteras internas y la convergencia criminal es un hecho, con consecuencias devastadoras para la población civil.
Buenaventura: epicentro de desplazamientos y terror
El conflicto ha generado una crisis humanitaria de grandes proporciones. Sánchez denunció que, al igual que en regiones como Catatumbo, estos grupos no dudan en desplazar a miles y asesinar a centenares, todo en nombre del narcotráfico. “No importa si confinan a 23.000 personas o asesinan a 100. Su lucha no es por el pueblo, es por el negocio”, afirmó con contundencia.
La situación ha obligado al gobierno a preparar una ofensiva. Se anunció un plan de desmantelamiento de alto impacto contra las estructuras criminales presentes en Buenaventura. Las operaciones serán fuertes, planificadas y con un objetivo claro: recuperar la seguridad en el puerto más importante del Pacífico.
Promesa de resultados rápidos y acción firme
Comparando la situación actual con la frágil seguridad del año 2002, Sánchez aclaró que la solución a la crisis de Buenaventura no tomará una década, sino que se espera una respuesta efectiva en el corto plazo. “No quiero que se malinterprete, pero esta amenaza es grave. Aun así, vamos a actuar con firmeza y resultados visibles pronto”, aseguró.
Finalmente, el ministro remató con una frase que refleja la urgencia del momento: “Si quieren contundencia, que hablen los hechos, no las palabras”. El gobierno se juega su credibilidad en uno de los territorios más golpeados por el crimen, y el país entero observa con expectativa si esta vez, la violencia dejará de ser la moneda corriente en Buenaventura.
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