El otrora verde esmeralda del Catatumbo, donde el cacao soñaba con florecer como símbolo de una nueva era, hoy se marchita bajo la sombra ominosa de un conflicto despiadado. La encarnizada lucha territorial entre las disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no solo ha frenado en seco la producción del grano que prometía redención a miles de familias, sino que también estaría impactando significativamente la elaboración de clorhidrato de cocaína en la región.
Durante años, el Catatumbo, cicatrizado por la violencia y los cultivos ilícitos, vislumbró en el cacao una senda hacia la sostenibilidad. Proyectos con respaldo nacional e internacional sembraron la esperanza del «oro marrón», proyectándolo como la base para construir paz y arraigo comunitario. No obstante, la reciente escalada bélica entre los grupos armados ilegales ha segado este futuro promisorio.
Informes de organizaciones como Human Rights Watch e Indepaz documentan la intensificación de la pugna por el control territorial entre disidencias y ELN, sumiendo al Catatumbo en un ambiente de terror e incertidumbre. Esta confrontación no solo ha generado desplazamiento masivo y confinamiento de poblaciones enteras, sino que también ha paralizado las actividades productivas, afectando tanto la recolección del cacao como, según fuentes locales y análisis de inteligencia, la producción de clorhidrato de cocaína.
El asedio territorial impuesto por el ELN en ciertas áreas, como señala Indepaz, ha limitado la entrada de insumos esenciales para el procesamiento del cacao, como el combustible para la energía eléctrica. De igual manera, la inseguridad y las amenazas impiden a los campesinos acceder a sus cultivos y transportar sus cosechas. Esta misma dinámica estaría afectando las rutas y los laboratorios clandestinos dedicados a la producción de cocaína. La disputa por el dominio de corredores estratégicos y zonas de cultivo de hoja de coca, esenciales para ambos grupos, estaría interrumpiendo la cadena de producción del alcaloide.
Fuentes no oficiales y análisis de riesgo señalan que la confrontación armada dificulta el acceso a las zonas de procesamiento de cocaína, la llegada de precursores químicos y la salida del producto final. Los enfrentamientos directos, los retenes ilegales y la inestabilidad general obligarían a una disminución en la producción de clorhidrato de cocaína, generando pérdidas económicas también para estas estructuras criminales.
Las consecuencias para la economía local son devastadoras en ambos frentes. Las familias cacaoteras ven frustradas sus expectativas de progreso, mientras que las redes de narcotráfico también sufren las interrupciones en su lucrativo negocio. La crisis humanitaria en el Catatumbo, catalogada como «alarmante» por organismos internacionales, adquiere una doble dimensión, afectando tanto a quienes apostaron por la legalidad como a quienes persisten en la ilegalidad.
Mientras la iniciativa de «Paz Total» del gobierno colombiano enfrenta los embates de esta creciente violencia, el futuro del Catatumbo pende de un hilo. La comunidad internacional y las autoridades colombianas se enfrentan al doble desafío de proteger a la población civil y reactivar la economía lícita, al tiempo que buscan estrategias efectivas para desarticular las redes de narcotráfico que alimentan este sangriento conflicto y que ahora ven su propia producción amenazada por la guerra territorial. La esperanza de un Catatumbo próspero y en paz se enfrenta a la dura realidad de una guerra que amarga tanto el cacao como el negocio de la cocaína.
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