La Casa Blanca refuerza su postura contra el crimen organizado con una nueva oleada de deportaciones, mientras crece la controversia sobre los derechos de los migrantes detenidos.
A tan solo un día de la esperada reunión entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mandatario estadounidense Donald Trump, el gobierno de EE.UU. ejecutó la deportación de otros diez presuntos pandilleros salvadoreños. Según informó el secretario de Estado Marco Rubio a través de la red social X, los individuos pertenecen a las organizaciones criminales MS-13 y Tren de Aragua, ambas designadas como organizaciones terroristas extranjeras por Washington.
“Anoche, otros 10 criminales de las FTO MS-13 y Tren de Aragua llegaron a El Salvador”, escribió Rubio, destacando el trabajo conjunto de ambas naciones como un “ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio”.
El presidente Trump también elogió públicamente a Bukele por aceptar la repatriación de estos individuos, a quienes calificó como “enemigos extranjeros”, y subrayó que ambos países están trabajando “estrechamente para erradicar organizaciones terroristas”. La reunión oficial entre ambos líderes está prevista para este lunes en la Casa Blanca.
Sin embargo, esta medida no está exenta de controversia. La administración Trump ha enfrentado críticas por no presentar evidencia contundente ante los tribunales que respalde las acusaciones de afiliación a pandillas en muchos casos de deportación. De hecho, abogados y familiares de los migrantes trasladados a El Salvador aseguran que los deportados no tienen vínculos con el crimen organizado y que no se les ha brindado oportunidad para defenderse o apelar la decisión.
Estas acciones se enmarcan bajo la antigua “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798, utilizada por la administración actual para justificar el envío de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador. Mientras tanto, la Corte Suprema de EE.UU. ha dictaminado que el gobierno debe dar aviso adecuado a los detenidos para que puedan impugnar sus deportaciones. Aún así, no ha especificado cómo los ya deportados podrán acceder a una revisión judicial.
La deportación de estos diez individuos es solo una muestra de una estrategia más amplia que ha sido duramente cuestionada por defensores de derechos humanos, pero que la administración Trump considera clave en su cruzada contra el crimen transnacional. Con Bukele llegando a Washington, la seguridad y el combate a las pandillas se consolidan como los ejes centrales de una relación bilateral que, aunque polémica, sigue fortaleciéndose.
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