En una declaración que sacude los cimientos de la política panameña, el presidente José Raúl Mulino admitió públicamente la penetración del narcotráfico en las instituciones estatales. Esta afirmación surge tras la captura de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, implicado en una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero.
Mulino, quien asumió la presidencia el 1 de julio de 2024, enfatizó que su administración no tolerará la corrupción ni la complicidad con el crimen organizado. «Aquí no hay cobertura ni protección para nadie. El que cayó, cayó», declaró con firmeza, subrayando la necesidad de acciones contundentes contra estas prácticas ilícitas.
La Operación Jericó, que llevó a la detención de Rico Pineda, reveló la existencia de una estructura delictiva con vínculos en Colombia y México, dedicada al transporte de drogas a través de la selva del Darién y su posterior distribución en Centroamérica. Alarmantemente, se descubrió la participación de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) brindando seguridad a estos cargamentos.
El presidente Mulino instó a las autoridades a actuar con determinación para erradicar la infiltración del narcotráfico en el Estado, advirtiendo sobre el peligro de permitir que estas actividades continúen impunemente. «Habrá otras operaciones en otras entidades del Estado», aseguró, dejando claro que su gobierno está comprometido en la lucha contra el crimen organizado.
Esta revelación pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta Panamá en su combate contra el narcotráfico y la corrupción, y plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones encargadas de proteger al país de estas amenazas.
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