La Fiscalía los acusa de feminicidios, desapariciones y tráfico de drogas. El régimen de excepción de Bukele mantiene su ofensiva sin freno.
El Salvador no da tregua en su guerra abierta contra las pandillas, y esta semana la justicia lanzó un nuevo golpe demoledor contra la temida Mara Salvatrucha (MS-13). Un total de 251 presuntos integrantes de una célula criminal comenzaron a ser juzgados por una estela de crímenes espeluznantes: 42 asesinatos, 20 desapariciones forzadas, 2 feminicidios, 86 casos de extorsión y delitos relacionados con el narcotráfico.
El juicio, según la Fiscalía General de la República, se realiza de forma virtual desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el penal de máxima seguridad donde se encuentran recluidos los acusados. Las imágenes difundidas muestran a decenas de hombres esposados, algunos tatuados con símbolos de la MS-13, mientras enfrentan a la justicia en lo que podría ser un proceso de hasta dos meses de duración.
Esta célula operaba principalmente en Santa Tecla y zonas aledañas del occidente del país, según la investigación. Su accionar dejó una profunda huella de sangre, miedo y control sobre comunidades enteras, donde las víctimas pagaban por «derecho a vivir», eran desaparecidas o asesinadas sin rastro.
Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 86.000 sospechosos de pertenecer a pandillas, aunque más de 8.000 fueron liberados por falta de pruebas. Organismos de derechos humanos han cuestionado fuertemente este modelo por considerar que se atropellan garantías legales, pero el Ejecutivo defiende los resultados como «necesarios para recuperar el país».
A inicios de abril, otros 48 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas que alcanzan hasta 262 años de prisión. La Mara Salvatrucha, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista, ha sido una de las estructuras más letales de la región, y el juicio actual se perfila como uno de los más grandes y simbólicos de la ofensiva contra las maras.
El mensaje de la Fiscalía y del gobierno es claro: el crimen ya no tendrá escondite ni impunidad en El Salvador. Pero la pregunta que muchos se hacen es si este enfoque, sin una estrategia de reinserción o justicia restaurativa, podrá sostener la tan ansiada paz a largo plazo.
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